Después de la ley de legalización del aborto, los políticos podrían considerar la ley de legalización de la corrupción.
La principal justificación de la nueva ley Aido se basaba en que la extendida práctica del aborto necesitaba de un nuevo marco de seguridad jurídica para reglamentar una situación de hecho. El mismo motivo se podría utilizar para justificar una ley de la corrupción. La ley Aido ha trasformado el crimen del aborto en un derecho, siempre que se practique dentro de un límite de semanas de gestación. La nueva ley de la corrupción podría transformar el robo en algo legalmente aceptable, siempre que se practique dentro de determinados límites (todos un poco ladrones, pero no mucho).
El problema fundamental es que gran parte de la sociedad, especialmente la que se define “progresista” sostiene que con aval de la mayoría se puede convertir en legalmente aceptable lo que es intrínsecamente inmoral. Esta parte de la sociedad, en nombre de una supuesta libertad, emancipación o conveniencia del momento, se olvida de que, hace cerca de 3.000 años, en el monte Sinaí, Alguien imprimió diez leyes y que no existe mayoría que pueda abrogar o modificar impunemente las mismas. Si hay dudas al respecto, basta con referirse a los muchos casos acaecidos en la historia del hombre, empezando por Sodoma y Gomorra hasta la Alemania Nazi, donde también las sociedades, por comodidad, supuesta conveniencia o supuestos ideales, proyectos políticos u otros motivos, creyeron poder modificar impunemente estas leyes. Aunque el relativismo y los “Mátrix Progres” no crean que estas leyes fueran transmitidas por el mismo Creador, por lo menos tienen que aceptarlas como referencia válida de la experiencia de 3.000 años de la historia del hombre.
La supuesta “democracia” y la ley de la mayoría, no salvan el hombre de este peligro.
Alberto Lucarelli
DaV Madrid 